De soberanía y buitres, de deuda y bienes comunes

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The Assembly´s end of year assessment, “Sovereignty and Vultures, Debt and the Commons”, is available here in English.

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DE SOBERANÍA Y BUITRES, DE DEUDA Y BIENES COMUNES

Al terminar el 2014, año que algunos recordarán como “el año buitre”, como Asamblea multisectorial, que agrupa a una diversidad de organizaciones y movimientos populares del país, queremos compartir nuestro pensamiento y propuestas a fin de seguir contribuyendo e instando al debate y movilización necesarios para intentar modificar las políticas hasta ahora aplicadas.

Efectivamente, la deuda pública argentina volvió a aparecer ante la opinión pública en junio de este año, de la mano de los fondos de inversión llamados “buitres” y los desmesurados fallos del poder judicial estadounidense, en uno de los juicios iniciados contra la Argentina a raíz de la suspensión de pagos declarada en plena crisis, a fines de otro año, el 2001.

Patria o Deuda

Nuestra Asamblea nace, de hecho, en respuesta a la mal planteada disyuntiva “Patria o Buitres”, al entender que defender la Patria – nuestra Soberanía y Derechos Humanos, nuestro patrimonio y bienes comunes – más bien pasa por resolver la grave situación de endeudamiento que desde tiempos de la dictadura, compromete nuestro bienestar y futuro.

Es indudable que el camino seguido hasta aquí, por los gobiernos sucesivos con el aval o por delegación del Parlamento, no ha librado a los pueblos de nuestro país del peso de la deuda, incluyendo sus consecuencias más inmediatas como el empobrecimiento y la imposición de un modelo productivo primarizado y extractivista.

Por el contrario, a la deuda de la dictadura ya probada como ilegal, fraudulenta e ilegítima[1], se sumó la generada por las sucesivas renegociaciones, también ilegítimas, que han sido denunciadas ante la justicia.

Estas renegociaciones incluyeron la entrega a precio vil de las empresas públicas y el patrimonio del Estado y la aceptación de condicionalidades tales como los nefastos ajustes, el recurso a foros extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana. Políticas todas que han sido denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de NN.UU. y su Experto Independiente sobre Deuda y Derechos Humanos[2][2], y que han dejado a nuestro país en situación de extrema vulnerabilidad no sólo frente a los inversores llamados “buitres” sino frente a las apetencias y acción depredadora de toda clase de prestamistas, grandes empresas, instituciones financieras y países imperialistas.

Por tal motivo, planteamos la suspensión del pago de la deuda pública y la investigación a fondo de su ilegitimidad e ilegalidad, la anulación de la cesión de soberanía a tribunales extranjeros y medidas similares, intentando cambiar la lógica con la cual el actual gobierno, como sus antecesores, trata la problemática. En estos días, incluso, hemos vuelto a reclamar al Congreso Nacional que ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda que aprobó en septiembre y que dé explicaciones por el incumplimiento de esta ley[3].

Hoy, tanto en el país como en el exterior, se aguarda con expectativa el 1 de enero, cuando supuestamente se abra un nuevo escenario de negociación con un posible pago a los buitres al vencer la cláusula “RUFO”[4]. Pero a nosotros y nosotras nos preocupa mucho más que día tras día, año tras año, con “buitres” o sin “buitres”, continuemos obligados a pagar una deuda que ni siquiera debemos, a costa del deterioro de nuestra salud y educación, a costa de la pérdida o precarización de las fuentes de trabajo, de jubilaciones dignas, como así también, de nuestro derecho fundamental a la autodeterminación. Y, que detrás del tan promocionado “no pago a los buitres”, se esconda cada vez más endeudamiento, un nuevo ajuste en curso y una mayor entrega de nuestros bienes naturales y territorio mismo.

Deuda, Dependencia, Dominación

La deuda, es bueno recordar, debe ser vista como un sistema que se retroalimenta para seguir creciendo permanentemente. La gran trampa de este sistema consiste en que, mientras no cuestionemos su legitimidad y aceptemos pagar la servidumbre de los intereses y refinanciar el capital, la deuda no va cesar nunca de crecer. Esta es, sencillamente, la formulación teórica y práctica de la trampa de usura de la deuda perpetua, una de las bases de su profunda ilegitimidad.

Pero el sistema de la deuda es, a la vez, elemento estructural de un sistema mayor, cuyo objeto es perpetuar la sumisión de los gobiernos y la subordinación soberana de los pueblos ante el poder económico hegemónico. Es parte esencial del funcionamiento global del capital financiero y a su vez de las características de la estructuración dependiente de nuestro modelo productivo. Siempre hay que estar pagando con más endeudamiento porque la crisis de balanza de pagos regresa de manera sistemática y nunca alcanzan los pagos.

La historia concreta de la deuda que hoy servimos, está determinada por las formas en que la economía argentina se insertó de manera dependiente en el mercado mundial. Así podemos hablar de tres momentos de nuestro endeudamiento contemporáneo. La Dictadura Militar, etapa de constitución del proyecto neoliberal en nuestro país, genocidio mediante. El Menemismo es la segunda etapa, que se corresponde con la consolidación y crisis del proyecto neoliberal.

Y, finalmente, la etapa actual, el Kirchnerismo, que se inicia con Duhalde en el 2002 y que implica una modificación en la inserción en el mercado mundial. El modelo del agronegocio asociado con la oligarquía terrateniente y demás extractivismos, como la megaminería, el petróleo y gas no convencional con la técnica del fracking asociada y, en general los megaproyectos, juegan un papel central en la reorganización dependiente de nuestra economía. Como en las etapas anteriores, sirven para acrecentar la deuda y la intervención de capitales extranjeros. La crisis de la gobernabilidad kirchnerista no implica que este modelo no continúe bajo otras formas.

La existencia y el crecimiento continuo de esta deuda tampoco son ajenos a otros instrumentos de dominación como sean la criminalización de la pobreza y la lucha social, la militarización, el control de los mercados internacionales y de la arquitectura judicial internacional. De ahí que impedir que los buitres reconocidos salgan con lo suyo, no es más que apuntar a que el sistema de saqueo se perfecciona y se perpetúa. Desde la Asamblea, nosotros y nosotras planteamos cambiar el sistema.

Estado actual del endeudamiento público

El Gobierno manifiesta su vocación pagadora y en lugar de investigar y auditar la deuda decide ser “pagador serial” de lo que no debemos. Prueba de ello es que en la última década – la “década ganada” – se ha entregado en concepto de pago de deuda 190.000 millones de dólares como lo señaló, en reiteradas oportunidades, la Presidenta.

No obstante, a fines del 2013 (los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía), la deuda en cabeza del Estado central ya rondaba los 300.000 MD[5], más del doble de su monto al completar el canje en 2005. Durante el año 2014, se estima que pueda haber crecido en 28.000 MD[6], dado los acuerdos de pago no contemplados en el Presupuesto original, como los laudos perdidos ante el CIADI, la indemnización a Repsol por YPF, las multas e intereses adicionales al Club de París y el mismo “swap” de divisas con China, que aumenta las reservas a costa de más deuda. O sea, sin siquiera contemplar un eventual acuerdo con los buitres o demás holdouts, la deuda es un enorme agujero que nunca se llena.

El gobierno se jacta permanentemente de su política de “desendeudamiento”. En su discurso reciente sobre los 31 años de democracia, incluso, la Presidenta la encumbró como la bisagra más importante de nuestra historia como país independiente.  Pero la verdad es que la deuda nuestra de todos los días crece vertiginosamente desde hace varios años, llegando ahora a aumentarse entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al año por vía del refinanciamiento de los vencimientos e intereses impagos. El 40% de la misma está en pesos en vez de divisas, y el 60% es intraestado. El ANSES tiene el 62% de sus inversiones en bonos del estado y el BNA, el 50%. El otro gran acreedor del estado es el propio Banco Central.

No es que el Estado se desendeuda, sino se viene cambiando la estructura del endeudamiento, convirtiendo deuda ilegítima externa en obligaciones internas de hondo impacto popular.  No sólo no se ha solucionado el problema con los prestamistas externos sino que se nos ha llevado a una deuda incobrable por la ANSES, el BNA, el BCRA, a costa de mantener en la pobreza a millones de jubilados, licuar el ahorro de los trabajadores y conducir a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios a través de una inflación descontrolada. Esto plantea un gran debate, considerando por ejemplo, que el ANSES es una institución autárquica medio la cual los jubilados deberían estar administrando sus propios dineros.

La trampa de la deuda perpetua implica, no obstante, que cuanto sacrificio se haga, nunca será suficiente. Ante la ausencia de los superávits gemelos, comercial y fiscal, la solución a la que acude el gobierno, como se viene haciendo aceleradamente, es la de volver a los mercados financieros para tomar más deuda. Para no ir más lejos, en las últimas semanas se ha ensayado dos nuevas emisiones de deuda – los bonos en pesos atados al precio del dólar (una nueva “tablita” de seguros de cambio como aquella de Martínez de Hoz), y los BONAR, pagables recién en 2016 y 2024 respectivamente. Esto es el nuevo festival de bonos, nuestra tercera ola de endeudamiento. Como dijimos la primera ola contemporánea fue la de la dictadura, la segunda la del Menemismo y ahora el Kirchnerismo. Pero el endeudamiento intraestado y las tasas de interés cada vez más altas localmente, tampoco alcanzan.

Por eso la política del gobierno sigue la hoja de ruta marcada por el entonces Ministro de Economía Boudou, con el objetivo de volver al mercado internacional de capitales. Aceptamos pagar más al Club de Paris que lo reclamado por el propio Club; en vez de auditar la deuda ecológica que dejó Repsol, se acordó pagar en cuotas todo que pedía la empresa vaciadora incluso asumiendo como nuestras, sus deudas; pagamos también los laudos contrarios del CIADI sin revisarlos en tribunales nacionales como se había planteado. Y ahora, queda por acordarse el arreglo de pago con los buitres y demás holdouts, cumpliendo con la voluntad “pagadora” a fin de profundizar aún más el endeudamiento y con él, la entrega del país.

Mientras tanto, los acuerdos firmados en estos últimos tiempos, con Monsanto y Chevron, por ejemplo, las leyes de entrega de los hidrocarburos, de las semillas, o las nuevas deudas acordadas con Rusia y China que implican hasta la cesión de territorio nacional, también señalan a las claras que la deuda va llevando mucho más que nuestros pesos, y dólares.

Sobre nuestras propuestas y desafíos

Si nuestro país quiere liberarse de la trampa del endeudamiento perpetuo, de la entrega del patrimonio y bienes comunes, necesita transitar hacia un cambio de paradigma. Por eso, seguiremos insistiendo, centralmente, en la suspensión del pago e investigación de la Deuda Pública. Consideramos que es una cuestión de Memoria, Verdad y Justicia: lo ilegítimo, fraudulento y odioso no se paga por más tiempo e intentos de “legalización” hayan pasado. Es hora de reconocer que la única deuda es con el pueblo y que somos los pueblos los únicos acreedores.

Consideramos, también, que cada ola de endeudamiento ha sido parte de un proyecto político que buscaba reformular la dependencia. En este sentido, es necesario profundizar nuestras coincidencias en cuanto a la relación de la deuda con la estructura productiva dependiente y por ende, con las múltiples resistencias y construcciones de alternativas en curso. Los mismos actores económicos que concentran la riqueza mundial están involucrados, directamente, o a través del control de las instituciones políticas y financieras, en todas las problemáticas que desde hace décadas vislumbramos como frentes de la lucha popular: como el extractivismo en todas sus formas, la violación de los Derechos Humanos y la criminalización de la lucha social, el desmantelamiento y primarización de las actividades productivas, el avance irresponsable del neoliberalismo privatizador hasta sobre las bases que sustentan la vida en el planeta, la degradación institucional y, en definitiva, la mercantilización de todo aquello que pueda generar un dividendo extraordinario.

Este es un debate que excede a nuestra Asamblea y debemos compartirlo con otras organizaciones y movimientos populares, de nuestro país y continente. El ataque simultáneo en todos los frentes, irracional desde todo punto de vista, menos desde la lógica capitalista de acumulación permanente y crecimiento ilimitado a cualquier precio, debe ser enfrentado coordinando acciones entre todos aquellos sectores que hoy resisten en cada uno de los campos mencionados, trabajando sobre los vínculos visibles y ocultos que conforman esta superestructura de dominación perversa para evidenciar su existencia y funcionalidad ante la población en general. Al cumplirse 10 años de la victoria de la lucha continental contra el ALCA, es importante reflejarnos, hoy, en ese espejo para que nos ayude e inspire a articular nuestras luchas, a superar las fragmentaciones y transitar juntos/as los caminos hacia un sistema social y ambientalmente justo y equitativo.

Sólo si entendemos que la multiplicidad de luchas, por los Derechos Humanos, los Derechos de la naturaleza, la Soberanía Alimentaria, el  derecho a la tierra, al trabajo digno, a la democracia participativa, al ambiente sano, a la salud y educación pública, a las reivindicaciones de los pueblos originarios,  a la equidad social, en fin, a todas las luchas que a lo largo y ancho de nuestro país y del continente se llevan adelante, no contra un gobierno de turno o, una corporación en particular o un sector determinado, sino contra un modelo impuesto por un adversario común que se viste con distintos ropajes para no hacerse evidente y fragmentar a la resistencia.

Por parte de la Asamblea nos comprometemos a seguir impulsando esta batalla cultural, fortaleciendo nuestra propia lucha y, a la vez socializando el producto de nuestro trabajo con otros frentes, apoyando y solicitando apoyo, intercambiando experiencias y conocimientos.

Continuaremos teniendo como objetivo asegurar que la Deuda, el Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes se ubican, hoy, entre los ejes centrales de los debates y movilización del movimiento popular.  Ante la proximidad de un año electoral, además, consideramos que estos son debates que deben ser difundidos y profundizados. Por ello, invitamos a todos y a todas a unir esfuerzos en este sentido.

-Argentina, 30 de diciembre 2014

 

ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y

POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES

[1] Caso Olmos, Fallo del Juez Ballestero del 13 de julio de 2000, enviado al Congreso de la Nación para su consideración.

[2] Ver, entre otros, los “Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos”, A/HRC/20/23, 10/4/2012, y  “Declaración final sobre la Misión a la Argentina”, A/HRC/25/50/Add.3, 2/4/2014.

[3] Carta a los y las Legisladores Nacionales, https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2014/12/29/asamblea-al-congreso-por-que-incumplen-con-su-propia-ley/

[4] “RUFO” son las siglas (en inglés) por “Derechos sobre Ofertas Futuras”, clausula que otorga a los tenedores de bonos canjeados en 2005 y 2010 los mismos beneficios que el gobierno llegase a ofrecer a cualquier de los bonistas “holdouts” que no aceptaron los términos de esos canjes.

[5] A los 202.600 MD de deuda reconocidos, hay que agregar 11.800 MD de deuda sin cumplimiento en el pago de intereses (“non-performing”) y aproximadamente 72.000 MD en intereses y 15.000 MD en cupones PBI (El pago de cupones según el nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la economía, fueron un “premio” incluido en los canjes de 2005 y 2010, por un valor total equivalente al “quite” efectuado al valor nominal de los bonos canjeados.).  No se incluyen la deuda de las provincias y municipalidades, ni tampoco agencias fiduciarias. Héctor Giuliano, “La Deuda Pública del 2015”, 26/12/14.

[6] Ibid.

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